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El TSJA da la razón de nuevo al Ayuntamiento con la ordenanza que ayuda a pagar el IBI a los más desfavorecidos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Punta Umbría, confirmando un auto dictado anteriormente para que siga adelante la ordenanza municipal que concede ayudas para el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, a los colectivos más desfavorecidos.

El Consistorio remitirá ahora este auto confirmatorio del TSJA al Juzgado de Huelva “para que lo tenga en cuenta ante el recurso que por el mismo motivo presentó en su día el portavoz del grupo municipal de Unidos por Punta Umbría, UPU, José Carlos Hernández Cansino”, según ha explicado la alcaldesa, Aurora Águedo.

En palabras de Águedo, “se está comprobando que no puede uno judicializar la vida política porque sí, mirando su propio interés, porque lo que se consigue es paralizar y perjudicar la vida de Punta Umbría y de sus ciudadanos, sobre todo la de aquellos que tienen menos recursos económicos”.

Con este acuerdo el TSJA deniega la medida cautelar de suspensión de la aplicación de la citada ordenanza, que solicitó la subdelegación del Gobierno. “Ponemos punto y final a este asunto, porque el alto tribunal andaluz ha entendido la importancia del interés público que conlleva su puesta en vigor”, ha dicho la alcaldesa.

Como se recordará, el Pleno de 1 de diciembre de 2016 aprobó definitivamente la ordenanza municipal de ayudas individuales de carácter social de hasta un 30 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, para personas desempleadas, separadas, viudas, divorciadas, víctimas de la violencia de género, menores de 30 años y, en general, con pocos recursos económicos y que reúnan una serie de requisitos, para el ejercicio 2017 y los siguientes. Este punto del orden del día recibió el apoyo de todos los grupos municipales -PSOE, PP e IU- excepto UPU.

La citada ordenanza se aprobó tras los pertinente informes favorables de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Punta Umbría, Secretaría, Intervención e Inspección de Renta y Exacciones, que avalaban dicha medida.

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