Estamos en twitter

NoticiasTribunales

Acciones legales contra los responsables de Costas en Huelva por el proyecto William Martin


La sociedad RIAUMBRÍA ha anunciado hoy que emprenderá todas las acciones legales posibles contra los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Huelva, una vez que se ha constatado con documentos oficiales que este Organismo emitió hasta tres informes que autorizaban el desarrollo del proyecto urbanístico y residencial William Martin al no estar afectado por la Ley de Costas.

La decisión de RIAUMBRÍA se produce una vez que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar –organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que adoptó el pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría el pasado mes de mayo, dando luz verde a esta actuación urbanística.

Los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Huelva consideran ahora que el proyecto sí está afectado por la Ley de Costas. Este último criterio contradice hasta tres informes emitidos por este Organismo durante el periodo de tramitación pública del proyecto, los cuales dan vía libre al Ayuntamiento de Umbría para acometer esta actuación urbanística.

Según RIAUMBRÍA, “este cambio de criterio de un organismo público, pese a la existencia de tres informes anteriores propios, tiene consecuencias jurídicas para los responsables que lo han promovido, por los perjuicios económicos que esto provoca en una empresa que adquiere unos terrenos porque existe una seguridad jurídica aportada por todas las administraciones competentes”.

Ríaumbría basa su actuación especialmente en dos de los tres informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que dan luz verde al proyecto ya que en ambos se llegan a repetir los mismos argumentos. Los informes tienen fecha de 4 de octubre de 2012 y 12 de junio de 2013. Ambos están firmados por el Jefe de Planeamiento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, José Mª de Miguel Carpintero, y se refieren a la Modificación puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría que emprende el Ayuntamiento de esta localidad para ordenar todo el espacio urbano ocupado por la zona de aparcamientos y los depósitos de agua en desuso junto al cuartel de la Guardia Civil.

En los dos informes, como conclusión final, se expone que “dado que el ámbito objeto de la Modificación se encuentra fuera de dominio público-terrestre y de la zona de servidumbre de protección, y no está afectado por las determinaciones de la Ley de Costas, esta Dirección General no tiene nada que objetar a la Modificación Puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría”. El pronunciamiento de Costas se basa en que los suelos urbanos de Punta Umbría no están afectados por la Ley de Costas ya que los terrenos son urbanos en este municipio desde 1985 y la citada Ley entró en vigor, tres años después en 1988

Estas resoluciones de la Dirección de Costas fueron algunos de los argumentos principales recogidos en los informes en positivo elaborados por la Secretaría del Ayuntamiento de Punta Umbría y por la propia Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que daban validez al proyecto.

Sin embargo, el pasado mes de febrero la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar emitió por sorpresa un nuevo informe, ahora desfavorable a la Modificación Puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría aprobada por el Ayuntamiento, contradiciendo sus propios acuerdos anteriores favorables a esta actuación.

RIAUMBRÍA considera que el cambio de criterio lo deciden los responsables de esta Dirección General en Huelva, quienes además contrario a lo legalmente dispuesto mantienen que el último informe es vinculante, lo que abre las puertas para acudir a los tribunales. RIAUMBRÍA considera acreditado legalmente que los informes y pronunciamientos de Costas son en este caso de carácter preceptivo, pero nunca vinculantes, aspecto que deja sin justificación acudir a la vía contencioso administrativa.

Deja un comentario